La retardación de justicia, la falta de auditores y de una norma, y el retraso en informes son cuatro de las causas
El sábado 28 de agosto de 2010 fue el último día que Adela Ticona Villa estuvo con vida. Dos días antes, la mujer de 29 años acudió al Hospital Obrero de La Paz, de la Caja Nacional de Salud. Los fuertes dolores abdominales y la fiebre no la dejaban de atormentar.
La ecografía no develó la evolución de una peritonitis. La mandaron a su casa con la recomendación de que se presente al día siguiente en el Policlínico de Villa Fátima. Así lo hizo. Fue a la consulta porque los malestares persistían. Su esposo, Richard Mamani, recuerda que ante la insistencia de ella, el médico que la atendió aseguró que no padecía nada, inclusive la llamó “mañuda” y la acusó de intentar acceder a una baja médica. Al final, le recetó unas pastillas que no calmaron su aflicción.
juicio. Por ello, Adela fue a la fábrica donde trabajaba como textilera y pidió permiso a cuenta de vacación. Pero el sábado 28, el suplicio aumentó. A las 20.00, sus parientes la llevaron a Emergencias del Hospital Obrero. Le colocaron sueros y una de las médicas informó que estaba infectada por dentro, que su riñón se encontraba dañado, que le administró antibióticos y confiaba en que por su edad respondería al tratamiento. A las 23.50 murió por un shock séptico (infección en todo el cuerpo) y falla orgánica múltiple.
Su pareja presentó una demanda penal el 5 de septiembre. La abogada Teresa Montaño se hizo cargo del proceso que duró un año; solo llegó hasta la fase de la imputación formal. Ella indica que la causa quedó paralizada porque los parientes de la víctima no tenían tiempo para darle seguimiento. “Pasó como en la mayoría de los casos de este tipo, que se tarda tanto en los estrados judiciales que la gente se cansa y debe proseguir con su vida”.Montaño es especialista en el tema porque impulsó el primer juicio por mala praxis médica en 1994, cuando defendió a Susana Castellanos, una joven de 30 años que quedó en estado vegetal tras ser sometida a una operación de implantes de silicona en las mamas. Un mes antes de su muerte, el juez absolvió de cargos al galeno sospechoso. La impunidad es moneda corriente en historias similares.
En 2013, los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) recibieron más de un centenar de denuncias de negligencia médica y los datos proveídos de la actual gestión apuntan a que se superará este guarismo. Eso no es todo. Hasta octubre de este año, la Unidad de Servicios de Salud del ministerio del ramo acogió 42 solicitudes de auditoría médica externa de posibles casos en establecimientos sanitarios, mientras que en 2013 la cifra llegó a 29. O sea, hubo un incremento de 45%.
Fuentes gubernamentales y expertos identifican al menos cinco factores con los que tropiezan los denunciantes: la retardación de justicia que provoca que los afectados y sus parientes desistan de continuar con los juicios y/o que concilien con los involucrados; la ausencia de una normativa que tipifique esta mala praxis y establezca un procedimiento sancionatorio específico; que los establecimientos de salud tarden hasta ocho meses en entregar la historia clínica u otros expedientes para sustentar la demanda; la falta de especialistas que realicen las auditorías interna y externa, y la dificultad para inhabilitar al galeno que resulta culpable por su “falta de pericia”.
problemas. El presidente del Comité de Lucha Contra la Negligencia Médica, el abogado Víctor Hugo Llanos, indica que la institución tiene contabilizada al menos una treintena de casos en estrados judiciales que no se resuelven por la demora procesal, porque hay jueces que desconocen el proceso que se debe seguir, al igual que abogados. “La dilatación hace que la gente se desanime”. Su colega Montaño calcula que el 92% de las personas que acude a su despacho para entablar un pleito de esta índole, lo abandona porque son de escasos recursos económicos.
“Pese a que no les cobro honorarios y pago los análisis médicos para la investigación, resulta un gasto alto para ellas asistir cada semana a los juzgados”, explica, y precisa que este tipo de litigios fácilmente requieren una inversión de $us 5.000. Esta burocracia también impulsa a los damnificados o sus familiares a conciliar con los acusados, para evadir este calvario. Así le pasó a Miguel Ángel Miranda, de 22 años, a quien le practicaron un mal trasplante de riñón en el Hospital Obrero de La Paz, situación que le llevó a perder el órgano que le había donado su padre.
Montaño rememora que al inicio del proceso legal y a pedido del afectado, se firmó un acuerdo transaccional con los cuatro profesionales denunciados para que asuman los costos de una segunda intervención quirúrgica, pero solo dos cumplieron con lo que dispuso el juez y Miguel tuvo que prestarse dinero para llevar una vida normal. Y existen otras historias en las que las víctimas o sus allegados desisten de cualquier vía crucis porque simplemente no confían en la Justicia.
Patricia Arze renunció a proseguir con la demanda penal contra un galeno por el fallecimiento de su hijo Fernando Andrés, de seis años, ocurrido en septiembre de 2009, en Cochabamba, porque el médico M.I.G. no detectó que el pequeño padecía la gripe AH1N1, una pandemia que en esa gestión se expandió por el mundo, incluida Bolivia. La madre cuenta que el profesional no tomó en cuenta sus advertencias de que estuvo en aeropuertos de Brasil.
Por ello entabló la denuncia; sin embargo, cuando el litigio debía comenzar, la autoridad judicial decidió que el expediente de averiguación vuelva a fojas cero. “Entonces decidí no confiar en la Justicia del hombre porque lamentablemente no existe y tiene precio. Confío en la justicia de Dios, en la divina, porque esa no prescribe. Desistí del proceso así como mucha gente o víctimas lo hacen”.
ley. No hay datos oficiales sobre el número de estos casos que llegan al Ministerio Público, tampoco respecto a los pleitos que se ventilan en los estrados judiciales y menos sobre la cantidad de galenos sentenciados. No obstante, la diputada Betty Tejada (MAS), quien impulsa la aprobación de una norma que sancione la negligencia médica, revela que hizo un diagnóstico que detectó al menos 250 procesos penales en el ámbito nacional.
El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Édgar Villegas, tiene conocimiento de que varios de sus colegas soportaron el calvario de los juzgados por denuncias de mala praxis y aunque no sabe cuántos recibieron un castigo judicial, comenta que “es cuestión de ir a la cárcel de San Pedro” para obtener un número aproximado. Aclara que los profesionales involucrados incurren en “impericia” en las acciones que realizan y que las auditorías internas, externas o el peritaje establecen los grados de responsabilidad.
¿Y en qué figuras del Código Penal se apoyan los afectados por negligencia médica para iniciar un juicio? El artículo 270 se refiere a lesiones gravísimas y prevé la reclusión de tres a nueve años si la víctima tiene una enfermedad mental o corporal; debilitación permanente de su salud o la pérdida o uso de un sentido, de un miembro o una función; incapacidad permanente para el trabajo o que sobrepase los 180 días; además de que exista peligro inminente de que pierda la vida.
Igualmente recurren al artículo 271 que trata sobre las lesiones graves y leves, y establece una condena de uno a cinco años de prisión si el perjudicado no puede trabajar entre 30 y 180 días. Si ocurre el fallecimiento del damnificado, se postula el artículo 260, referido al homicidio culposo, que determina una sanción de seis meses a tres años de cárcel. Eso no es todo, Montaño apela también a la tipificación de asesinato en el grado de tentativa, que estipula 20 años de reclusión. “Por analogía he aplicado durante 20 años esos artículos. Así hemos logrado sanciones, resarcimientos del daño para las personas, para que puedan mediante acuerdos transaccionales recuperar la salud perdida”.
La abogada Fátima Soria sostiene que inclusive se puede aplicar el artículo 39 de la Constitución Política del Estado, que garantiza castigos a las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica, pero remarca que finalmente son jueces y fiscales los que frenan el avance de los pleitos. Ella se unió a las afectadas por mala praxis en 2003, cuando su hija Karla Lorena, de diez años, quedó en estado vegetal después de una operación de ortodoncia que derivó en problemas de amigdalitis. Estuvo postrada en una cama hasta que murió, en 2012.
Actualmente en la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados cursan tres propuestas que buscan fijar el procedimiento y establecer sanciones para los hechos de negligencia médica. El debate sobre este punto quedó relegado para el próximo periodo legislativo. La diputada Tejada, quien perdió este año a su madre por presuntos actos de mala praxis, es la impulsora de uno de los planteamientos e indica que es “absolutamente imprescindible” contar con una ley específica porque cada día se conocen más casos que quedan impunes. “Hasta cuándo va a seguir muriendo gente. La realidad nos está mostrando que es necesario una norma que regule esto”.
A octubre se pidieron 42 auditorías externas al Ministerio de Salud para verificar denuncias de negligencia médica que no tuvieron respuesta satisfactoria en primera instancia. Ello implica un incremento de 45% porque el año pasado las solicitudes alcanzaron a 29, mientras que en 2012 llegaron a 22, según los datos proveídos a Informe La Razón. Más todavía. Desde 2007 se demandaron 209 investigaciones de este tipo. Y de las 42 de la actual gestión, 34 involucran a establecimientos sanitarios de La Paz y de Potosí (más datos en la infografía de la anterior página).
Previo a esta averiguación externa, los servicios departamentales de Salud (Sedes) y el ministerio reciben las quejas por supuesta mala praxis médica en centros privados, públicos, de la seguridad social y de convenio, y generalmente les instruyen una auditoría interna. “En primera instancia, los galenos, las enfermeras del mismo hospital deben hacer la revisión del caso; si están bien en los actos médicos, obviamente después de ese procedimiento se pasa a una comisión de auditoría externa”, dice Henry Flores, director del Sedes de La Paz (Sedes). Mientras que Villegas, representante del Colegio Médico de Bolivia, precisa que en esta etapa se determina el cumplimiento de protocolos y normas para el tratamiento o la intervención quirúrgica de los pacientes.
En cuanto a las denuncias que arribaron al despacho de la Unidad de Transparencia del ministerio, ésta admite mayoritariamente acusaciones de negligencia contra establecimientos de salud de la seguridad social. Hasta octubre recibió 92, de las cuales 70 se encuentran en revisión y 22 fueron atendidas. De estas últimas, dos informes concluyeron que hay indicios para que se inicie una demanda por la vía penal, tres derivaron en procesos administrativos, uno recomendó una auditoría médica y ocho no hallaron irregularidades. No hay datos de años anteriores.
El jefe de esta entidad, Marcelo Sandstein, manifiesta que una vez que se tienen los resultados de la auditoría médica interna y si se determina responsabilidad administrativa en cuanto al trabajo de los galenos o del personal sanitario, su despacho elabora un documento en el que aconseja que el centro de salud involucrado inicie los procesos correspondientes y verifica que se llegue a una sanción. Si hay cargos de tipo penal, el paciente o sus familiares deben comenzar el pleito en instancias judiciales. Y si los afectados o los acusados no están de acuerdo con las determinaciones asumidas, pueden solicitar una auditoría médica externa.
Los Sedes admiten las quejas contra los servicios de salud públicos, privados y de convenio, principalmente. En total, esas reparticiones (excepto la de Beni) recibieron 95 denuncias hasta septiembre y octubre de este año, y en 2013 la cifra ascendió a 105 (ver infografía de la anterior página). La Paz, Santa Cruz y Cochabamba aglutinan la mayoría de casos, con 76. El procedimiento para la resolución de éstos es similar. Cuando se toma conocimiento de una queja, explica Flores, director del Sedes de La Paz, ésta pasa primero por un filtro para verificar si puede haber imprudencia o impericia médica.
CARENCIAS. Posteriormente, se pide que el establecimiento de salud lleve a cabo una auditoría médica interna, que luego es sometida a un proceso de validación por los Sedes. Así pasa en La Paz, Potosí, Tarija, Cochabamba, Pando, Oruro y Santa Cruz. Mientras que en Chuquisaca, complementa el director del Sedes, Martín Maturano, la Unidad de Calidad y Auditoría Médica implementa de oficio una fiscalización al centro sanitario, inclusive si un paciente retorna con malestares a las 72 horas de ser dado de alta o cuando se presenta alguna irregularidad visible.
Si se trata de auditorías externas, estas reparticiones departamentales recurren al Ministerio de Salud, que analiza los informes de las denuncias y puede derivarlas al Instituto Nacional de Seguros de Salud (Inases). Sin embargo, la resolución oportuna de estas investigaciones tropieza con una carencia: la falta de especialistas en auditoría médica, por lo que es difícil que se cumplan los plazos para estos procedimientos, lo que se constituye en una tercera traba para la indagación y/o el castigo de hechos de esta naturaleza.
Por ejemplo, los Sedes de Pando, Oruro, Beni y Tarija no cuentan con expertos propios para cumplir con esta tarea, por lo que recurren al Ministerio de Salud o al Inases. El de Chuquisaca tiene dos decenas de profesionales que se capacitaron recientemente y que fueron la base para la creación de la Unidad de Calidad y Auditoría Médica. El de Cochabamba posee tres profesionales en la materia, de los que dos son permanentes y uno de apoyo. El de La Paz cuentan con ocho auditores médicos, seis de ellos están acreditados en el ámbito nacional y dos en el departamental. Y en el Sedes de Potosí fueron preparados 15 técnicos para esta labor.
Eso sí, las auditorías externas son asumidas generalmente por los especialistas del despacho de Salud. “Sabemos que en la Unidad de Calidad del ministerio tampoco hay muchos auditores médicos, por eso es que ellos mandan (las averiguaciones) al Inases”, sostiene Flores. Precisamente esta carencia retrasa la entrega de los informes de casos de supuesta negligencia en los plazos determinados, ratifica Sandstein, de la Unidad de Transparencia.
“Entonces los resultados no son tan prontos, existe un promedio de cuatro, cinco meses, normalmente, pero no menor a tres meses”. Incluso ese término suele extenderse a seis meses, según directores de los servicios departamentales de Salud entrevistados por Informe La Razón. Sandstein considera que estas entidades deben subsanar la falta de estos expertos para no solicitar una revisión de los informes al ministerio, que así solo se encargaría de las auditorías externas. “Si en algún momento se les plantea esa dificultad, lo que responden es que no hay muchos especialistas en el medio para contratarlos”.
El Colegio Médico de Bolivia remarca que los doctores deben tener una trayectoria de al menos diez años para ser auditores en su área. Sin embargo, la abogada Montaño no recomienda la realización de auditorías médicas internas ni externas en casos de mala praxis. ¿Por qué? Porque son los mismos profesionales de la medicina los que efectúan estas investigaciones y “siempre encuentran respuestas científicas” a las actuaciones de sus colegas, o sea, el sector participa como “juez y parte”.
De acuerdo con las fuentes consultadas, a este problema se suma que los hospitales demoran hasta ocho meses en la entrega de la historia clínica, un documento que contiene información clave sobre la atención que se le dio en su momento a la posible víctima de negligencia. Complementan que un plazo similar tarda el trámite del certificado médico forense en el que se establecen los días de impedimento de los afectados que sufrieron lesiones.
Hay más. Si se superan estos obstáculos y los perjudicados o sus parientes logran una sentencia tras demostrar la culpabilidad del galeno demandado, éste retoma su labor tras cumplir la condena, sobre todo si el fallo le da una pena menor y el acusado se acoge al perdón judicial o la suspensión condicional de la pena. Sandstein denuncia que hay un caso en Potosí, donde un médico de la Caja Nacional de Salud condenado a tres años de prisión por impericia en su profesión, sigue laborando en el mismo lugar y cumple la misma función.
Solamente fue sancionado por un proceso administrativo, con 15 días de suspensión sin el goce de haberes. “El señor está todavía fungiendo en el mismo cargo, en el mismo horario, en la misma especialidad. Son temas que nos preocupan como ministerio”. Postula que el involucrado debería abandonar su puesto porque se le probó un hecho delincuencial, pero su dependencia se encuentra con las manos atadas. “Lo que no se puede, por mandato de la Constitución Política, es privarle del derecho al trabajo”.
Villegas subraya que en los casos de “imprudencia” médica no se actúa con premeditación y, por ende, no se puede restringir a un galeno que cumplió la sentencia en su contra para que acceda a una fuente laboral o reasuma la que tenía. Y añade que el Colegio Médico de Bolivia no puede inhabilitarlo de por vida o retirarle su carnet para ejercer, sino que el Tribunal de Ética le puede dar otras sanciones. Es otra de las limitaciones en este vía crucis que padecen los afectados por la negligencia médica.
